El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, ha confirmado los rumores de los últimos días y ha anunciado la nacionalización de la empresa YPF, filial de la multinacional REPSOL, lo que ha provocado un terremoto informativo de carácter internacional y del que hay que aclarar determinados aspectos. En primer lugar, hay que poner a YPF en el mapa. Fundada en 1922, quince años después del descubrimiento de petróleo en Argentina, fue una de las empresas pioneras en el mundo como petrolera estatal e inspiró la creación de otras grandes del sector, como la brasileña Petrobras.

Desde la década de los 80 viene imperando una doctrina económica que minimiza la intervención del Estado en la economía, pues distorsiona la asignación del mercado. Es precisamente esta desregulación la que ha permitido inflar la burbuja inmobiliaria, sin que el mercado fuera capaz de contabilizar los riesgos que estaba asumiendo al conceder préstamos cada vez más cuantiosos y de más dudoso cobro.

Gran reportaje donde se analiza el origen de la crisis y el negocio que están haciendo con ella sus propios causantes, los cuales han sometido y doblegado a los Estados y al poder político, instrumento ejecutivo de los intereses financieros. También se analizan las perspectivas de futuro y las posibles soluciones para acabar con esta situación.

La política económica neoliberal que impera en la mayoría de las instituciones aboga por una disminución de los derechos laborales como vía para incentivar el crecimiento económico y la disminución del desempleo. La flexibilidad laboral, traducida en rebaja salarial y despido barato, va encaminada a ponérselo más fácil al empresario para que pueda contratar (o al menos es la excusa que usan). Es una política de incentivo de la oferta.

No nos equivoquemos. Si la bancada del Partido Popular aplaudió al presidente después de anunciar uno tras otro todos los recortes que se propone hacer es porque creen en ellos. Ahora tienen la excusa perfecta, con la crisis y las imposiciones de Europa, para llevarlo a cabo, pero su intención siempre ha sido y será recortar y acabar con el Estado de Bienestar, acabando por supuesto para ello con todas las libertades y derechos de los ciudadanos para poder reclamarlos.

No hay dos sin tres. Después de la reforma del sistema financiero y la brutal reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, se anuncia ahora la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Una reforma que ha pasado desapercibida, ya que estaba incluida en un paquete de medidas de muchísimo calado, entre las que se encuentran el hachazo a los funcionarios y la subida del IVA, pero que no por eso deja de tener su importancia.

La situación que estamos viviendo en Europa en general y en España en particular es una bomba de relojería. No quiero pecar de pesimista, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre y la ciudadanía tiene el derecho a saber qué está ocurriendo y a qué nos atenemos. Ante las medidas tomadas desde Bruselas, y sin tener en cuenta aquellos factores externos de nuestro entorno que nos pueden afectar gravemente, hay que aclarar cuál es la situación de nuestro país y cuál es el futuro que nos espera a corto y medio plazo. Dos cuestiones que procuraré resumir brevemente.