Llevamos todo el verano leyendo y escuchando sobre la intención del Partido Popular de reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para cambiar el método de elección de alcaldes.
Se ha hablado mucho de diversas fórmulas para llevarlo a cabo, y la última a la que se sostiene el Partido Popular consiste en que sea necesario tener al menos un 40% de los votos para poder aplicar la fórmula de elección directa de alcalde, o que se decida en una segunda vuelta.
El planteamiento del Partido Popular que se está vendiendo como auténtica regeneración, es un simple parche partidista, pues no va acompañada de verdaderas medidas que otorguen más poder a los ciudadanos para que estos puedan elegir a los candidatos que presentan los partidos en sus listas electorales o que no mete mano a las incompatibilidades de cargos públicos.
Lo que hay tras la reforma es una estrategia bien cocinada para no perder cuotas de poder y evitar posibles pactos de fuerzas progresistas que aparten al Partido Popular de aquellas alcaldías donde no consiga mayoría absoluta. Así lo reconoció en el Congreso, el Portavoz popular, José Antonio Alonso, quien acusó a los grupos de izquierda de “preparar pactos ocultos con grupos minoritarios para desbancarles”.
El Partido Popular lo hace en un momento de gran atomización del voto progresista, que sabe que solo puede llegar a gobernar mediante una gran coalición, y en las filas populares saben que las posibilidades de enfrentarse a un Frente Amplio ahora mismo son escasas o nulas, riesgo que aumentaría si de algún modo se producen pactos de gobierno tras las municipales.
Así pues, el Partido Popular se la juega todo a una carta, poniendo en peligro incluso las propias reglas del juego como se le está advirtiendo desde la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, quienes recomiendan no abordar cambios de este tipo cuando falte menos de un año para la celebración de unos comicios.
De hecho, la Comisión de Venecia, uno de los organismos dependientes del Consejo de Europa, le ha recordado al Gobierno del PP que, si las normas se cambian con frecuencia, “los votantes pueden llegar a pensar, con razón o sin ella, que el derecho electoral es un instrumento que manipulan a su favor quienes ejercen el poder”.
Como decíamos, el Partido Popular se la juega a pocos meses de las elecciones, intentando sacar adelante una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que va a provocar graves consecuencias, como la falta de control y fiscalización de la actividad política. Que el 40% de los votos gobierne sobre el 60% restante y que va en contra de las demandas de una democracia real. Que se blinde el bipartidismo y se deje fuera a opciones menores que también representan el sentir popular de la ciudadanía. En definitiva, una reforma que nace, como muchas otras, muerta, con polémica, con intencionalidad manifiesta de beneficiar al gobierno y que, con toda seguridad, acabará en el Constitucional.
29/08/14
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