La vía penal es la última ratio a la que hay que acudir para solucionar un conflicto. En derecho, el ámbito penal es la última herramienta. La defensa penal del bien jurídico protegido es la excepción a la regla general. Pero, lamentablemente, tras cada cambio de gobierno o incluso después de acontecimiento sociales indeseables se aboga por reformas penales como único método para solucionar un problema, en el fondo, de educación social y de valores.
Aunque al ciudadano de a pie le parezca ser ésta la única forma de acabar con esos “malvados” que atentan contra el bienestar y la paz social, los profesionales del derecho (y los que nos hemos iniciados en este mundo) sabemos su estructura y funcionamiento. Pero, lo peor es cuando el titular del Ministerio de Justicia, el Sr. Alberto Ruiz Gallardón, profesional del derecho y además cargo público, no aprovecha su privilegiada situación para hacérselo entender a la ciudadanía. No, todo lo contrario, utiliza la demagogia y el populismo ante situaciones delicadas de esta índole.
Este aviso de reforma, enmascarado con un intento de fortalecer el respeto al “orden público”, no esconde más que una eliminación sutil y encubierta de derechos. Manifestarse pacíficamente es un derecho constitucional y el atentando al orden público, los daños materiales y todo lo que puedan realizar los “antisistemas” o “grupos violentos” ya se encuentra perfectamente penalizado por nuestra legislación.
Además, la consideración de la cadena perpetua revisable ya es de por si, incoherente. O es perpetua o es revisable. ¿Para qué la reinserción de alguien que se pasará su vida privado de libertad?. En un Estado de Derecho como el español, fundamentado en la reinserción social, no tiene cabida esta idea electoralista del Partido Popular. Más aún, cuando la banda terrorista ETA ha decidido abandonar las armas. ¿No podría considerarse esto una provocación? ¿Echará por tierra el avance hacia la paz y el fin del terrorismo en España? ¿No es acaso, ahora, este anuncio de reforma innecesario? ¿Es así como quiere el PP quiere poner fin a tantos años de lucha antiterrorista que han terminado dando sus frutos?
Por ello, y por si la reciente reforma laboral arbitraria y desmedida no era suficiente, ahora toca recortar, también, la libertad de manifestación usando como excusa la salvaguardia del “orden público”. Al mismo tiempo aprovechan la coyuntura para argumentar por parte del Ministro de Justicia esa incoherente “prisión permanente revisable” afirmando que «la sociedad considera que no hay años bastantes para que una persona recupere la libertad por el daño realizado». Conviene recordarle al Sr. Gallardón que ninguna de las penas impuestas a cualquier delito tipificado en nuestro Código Penal logra paliar el daño causado. Ningún crimen encuentra justificación ni consuelo en el número de años de prisión.
Parece que el único fin de este gobierno es instaurar el miedo como medida disuasoria para poder lograr que los ciudadanos pasen a ser súbditos que actúan guiados ideológicamente y sin armar revuelo contra las cada vez más ilegales, injustas y absurdas medidas que está tomando el Gobierno del PP en España.
Noemí Navarro.
26/10/2012
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