El Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es el último hachazo del ministro D.Alberto Ruiz Gallardón a la justicia. Tras la ley de Tasas, el proyecto de reforma del Código Penal y las populares condenas que intenta imponer. El intento de privatizar determinados actos y que pasen a ser competencia de los Registradores de la Propiedad, la falta de voluntad para sacar plazas a la administración de justicia con el colapso que ello conlleva, el poco caso a la ciudadanía para hacer frente a la brecha de los desahucios y su drama, la reforma del Consejo General del Poder Judicial privándole aún más de independencia y sometiéndolo a las desidias del gobierno de turno… son sólo algunas de las perlas del peor ministro de justicia que ha tenido España.
No se puede gobernar de espaldas al pueblo, pero tampoco haciendo oídos sordos a los profesionales del sector. En este caso, sus brillantes medidas (por ponerle ironía al tema) cuentan en su mayoría con el rechazo de la comunidad jurídica.
La justicia no es una limosna que nos conceden los gobernantes. Y como último ejemplo, la percepción particular del artículo 24 de la Constitución Española que tiene el Sr.Ministro es el Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Nada puede empezar bien si en el preámbulo de la citada ley se refleja lo siguiente: “los objetivos de reducción del déficit público exigen de las Administraciones públicas la máxima eficiencia en la asignación de los recursos públicos”. Nuevamente la sombra del déficit y su preocupación extrema por el gasto planean en la justicia. La justicia es un derecho y no un gasto; en justicia se invierte y no se recorta.
“[…]La constatación de situaciones de abuso de este derecho lleva a establecer una presunción de las mismas cuando el número de solicitudes a favor de la misma persona supera el número de tres en un año (excepto en el orden penal), considerando que por encima del mismo, y salvo prueba en contrario, se está ante situaciones que, con carácter general, no puede admitir el sistema […]”, este texto también forma parte del preámbulo del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Es decir, no se tendrá derecho a la justicia jurídica gratuita más de tres veces en un mismo año. Sin duda alguna, la primera pregunta que surge es ¿esto es lo que el ministro llamaba reconocer el derecho a la justicia gratuita con mayor amplitud?
En nuestro sistema impera el principio de la presunción de inocencia, aunque leyendo el preámbulo de la citada ley parece quebrarse al presumir al solicitante como culpable. ¿Acaso se piensa el ministro que las personas deciden litigar con la misma frecuencia con la que se toman café? ¿O es que quizás ir a los juzgados se ha convertido en un hobbies y lo ignoramos? No es agradable poner en marcha la maquinaria judicial para la generalidad de las personas. No es un entretenimiento acudir a los tribunales, ni un placer litigar. No se aún que datos científicos utiliza el gobierno para hacer este tipo de afirmaciones en el preámbulo de la ley.
Sin entrar a valorar ni examinar minuciosamente los pormenores del articulado de la reforma por el extenso recorrido textual que eso requiere, si que se vislumbra que se trata de una reforma totalmente populista y sin sustancia. No se atiende a las peticiones de los profesionales de la justicia. La asistencia jurídica gratuita es un derecho reconocido en el artículo 119 de la Constitución Española. Entonces, en lugar de reformarse la actual ley ordinaria ¿no debería haberse hecho una ley orgánica ya que afecta a un derecho constitucional?
Uno de los datos positivos encontrados es la incorporación de las víctimas de la violencia de género como beneficiarias de este derecho e incorporando así la directiva europea. Pero sin duda, el populismo, la demagogia y el “bien queda” caracterizan a este anteproyecto que no recoge reivindicaciones importantes de los profesionales de la justicia, como por ejemplo que ocurre cuando un abogado defiende a una persona a la que luego se le deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita y la problemática de cobro por el servicio prestado que luego existe.
Ha sido una vez más, como todas las medidas que lleva a cabo el ministro, una decisión tomada de espaldas a los profesionales de la justicia. Gallardón está acabando con un derecho constitucionalmente recogido. Está recortando el derecho a la justicia y obstaculizando el acceso al mismo, colocándola como un privilegio para las clases pudientes y olvidando conscientemente a la mayoría de ciudadanos de este país; aquellos para los que, en teoría, gobierna.
La justicia es un derecho y los recortes en ella no serán nunca justificados, máxime cuando ataca a la calidad, el acceso y la operatividad de uno de los pilares de la democracia. Sin justicia no hay democracia. La justicia es la última puerta de los ciudadanos para luchar contra las injusticias de un poder. ¿Le vamos a seguir permitiendo a Gallardón que la maneje a su antojo?
Noemí Navarro.
03/07/13
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