Todos los Estados tienen señores lobos, esos que como Harvey Keitel en Pulp Fiction se dedican a solucionar problemas. Los gobiernos pasan y ellos quedan. Siguen por su demostrada eficiencia, por su discreción en los servicios y a veces porque valen por lo que callan. De lo que nadie duda es que cuando tienen un cometido lo cumplen y que con los años acumulan poder e influencia.
En la todavía joven democracia española algunos de esos personajes han hecho carrera a la sombra de sucesivos gobiernos porque a todos, en un momento u otro, les han convenido sus servicios. Hasta que llega un día en que se convierten en un problema. Porque siempre hay un momento en que sus intereses personales o políticos no coinciden con los del gobierno de turno.
Para la historia quedará la lapidaria frase de Felipe González que pronunció en julio de 1988 cuando en una rueda de prensa proclamó que «el Estado de Derecho también se defiende en los desagües». Uno de los policías que poco después entraría como agente encubierto en el Ministerio del Interior fue José Manuel Villarejo, que con el tiempo se convirtió en el mayor garante de la cloaca. Hasta el punto de que, en 2013, creó una unidad parapolicial paralela dedicada a fabricar informes falsos, como el que acusaba a Podemos de haberse financiado con dinero procedente del Gobierno de Irán y otros en los que aparecían cuentas falsas atribuidas a dirigentes independentistas.
Algunos de estos dossieres acabaron en portadas de diarios y hace un mes el juez que investiga al excomisario, ahora jubilado y en prisión, ha decidido dejar la Operación Catalunya fuera del caso Villarejo. Tampoco debería extrañar demasiado puesto que la participación de Villarejo en la creación de esta brigada política fue premiada por el Gobierno del PP, el mismo que permitió su creación, con una medalla pensionada, como reveló el periodista Pedro Águeda en eldiario.es.
Ya en el 2017, tres años después de recibir esa Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, el excomisario presumió ante un socio suyo del trabajo hecho. «Gracias a la Operación Catalunya el tema de los catalinos no se ha ido de las manos todavía», presumió en una conversación a la que tuvo acceso La Vanguardia.
Pero «el tema de los catalinos» no se había acabado. La política era incapaz de resolver un conflicto político y se dejó la respuesta en otras manos. El jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Catalunya, el teniente coronel Daniel Baena, firmó informes de distintas causas relacionadas con el referéndum del 1 de octubre que fueron los primeros que apuntaron a una sedición en Catalunya.
Las defensas no tenían ninguna duda de que Baena controlaba con una el contenido de esos documentos y con la otra mano tuiteaba desde una cuenta bajo pseudónimo mensajes como «Barcelona para la España invicta de Franco» o «ponga las urnas en el suelo, levante las manos detrás de la cabeza y gire sin movimientos bruscos». Él lo negó. Sin embargo, ni el Supremo ni los jueces de Barcelona atendieron las numerosas peticiones de las defensas para saber quién tenía razón.
El Gobierno del PP había insistido en que no habría ni papeletas ni urnas y fio su promesa al coronel Diego Pérez de los Cobos, designado como coordinador del dispositivo policial. No era un nombre cualquiera porque pocos pueden presumir de haber asesorado a cuatro ministros del Interior: Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho, Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido.
Las cargas policiales del 1-O se vieron en medio mundo pero Pérez de los Cobos declaró que la actuación fue «escrupulosa y proporcional». Dirigentes socialistas y de Podemos nada sospechosos de ser afines al independentismo habían pedido ese día acabar con las cargas y entidades como Amnistía Internacional las tildaron de «fuerza excesiva». La memoria es frágil y fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que decidió ascenderlo y convertir a Pérez de los Cobos en responsable de la Comandancia en Madrid.
Pero llegó el día, siempre acaba llegando, y los intereses políticos de una unidad policial se plasmaron en un informe plagado de errores e interpretaciones que apuntalaban la tesis de que el Gobierno podría haber frenado la expansión de la pandemia. Para tal cometido incluso se manipularon declaraciones de testigos. Es más que dudoso que deba destituirse a un cargo por los argumentos zafios de un informe sobre todo porque hay muchos precedentes en los que no se tomó ninguna medida. Pero este caso es de especial gravedad porque se trata de mandos de la Guardia Civil conspirando contra su propio gobierno.
Pérez de los Cobos niega que tuviese conocimiento del contenido del polémico informe, pero lo que evidencia el documento es que para algunos miembros de este cuerpo policial los enemigos ya no son solo Podemos y los secesionistas catalanes. Ahora el peligro es también un Gobierno que no les gusta y al que la derecha y la ultraderecha pretenden cargarse sin considerar las peticiones de responsabilidad que sí han atendido las oposiciones de la mayoría de estados europeos.
Así que, en este contexto de polarización máxima -aunque no inédita porque es la que busca siempre la derecha cuando no está en el poder-, el informe es una advertencia de la que el Gobierno podría sacar una lección: el Estado de Derecho también se defiende limpiando los desagües.
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