Desde que la derecha llegó al gobierno, tengo la extraña sensación de ser el protagonista principal de la película “Regreso al Futuro”, como aquel joven Marty McFly (Michael J. Fox) que viajaba en el tiempo gracias a la invención de su amigo Emmett Brown (Christopher Lloyd). Y la sensación es cada vez mayor a medida que pasa el tiempo, teniendo en cuenta cómo actúa el gobierno de Rajoy y las declaraciones de sus ministros.
Hay ejemplos para todos los gustos. Así, el ministro de exteriores, José María Margallo, se apoya en una cita de Franco en plena rueda de prensa. Alberto Ruíz Gallardón propone la vuelta a la ley del aborto de 1985. Además de un Consejo General del Poder Judicial gobernado por los propios jueces, colectivo mayoritariamente conservador. El ministro de educación, José Ignacio Wert, elimina la asignatura de educación para la ciudadanía citando párrafos de un ensayo y, al parecer, sin conocer los libros de textos aprobados por el ministerio. Además, propone un aumento de las subvenciones para las asociaciones que promuevan la tauromaquia… Y es que, así se las gasta un gobierno conservador.
Con Garzón sentenciado, las víctimas del franquismo ven desvanecerse una de las posibilidades de restablecer la dignidad por los miles de fusilados, asesinados y desaparecidos durante el franquismo. La derecha española, heredera social del franquismo, ya no se esconde ni tiene miedo en defender su pasado franquista: Bien sea el ministro Margallo mediante una cita de Franco, o ya sea el PP mediante el apoyo y tributo a un ministro franquista recientemente fallecido. Lamentablemente la democracia parece retroceder.
A parte de que el poder judicial debe ser, como cualquier otro, gobernado por el pueblo, la propuesta de Gallardón de dejar que sean los propios jueces los que elijan a los miembros del CGPJ no es inocente, ni democrática. Como bien sabemos, la mayoría de los jueces de nuestro país son conservadores. Una elección del gobierno de los jueces por los propios jueces perpetuaría mayorías conservadoras en este órgano, gobernase quien gobernase el país. Algo inaceptable en democracia. Esto se parece mucho a los gobiernos de “tecnócratas” tan de moda en la Europa intervenida.
Alberto Ruíz Gallardón ha postulado su deseo de volver a una ley del aborto basada en supuestos y retirar la actual ley de plazos. El debate se está (y se ha estado) desviando intencionadamente hacia la disyuntiva aborto sí o aborto no, hacía posiciones a favor de la vida o a favor de la muerte. Esta dialéctica está siendo impuesta intencionadamente por la derecha española, pero realmente no refleja las posiciones de unos ni de otros.
El trasfondo, y el verdadero debate, para cambiar la ley actual por la del 85 es establecer dónde consideramos delito la interrupción del embarazo. Una ley no lo considera bajo unos supuestos (la de 1985). La otra no lo considera bajo unos plazos determinados (la actual). No hay un bando a favor de la muerte y otro a favor de la vida. Eso es mentira y manipulación.
Además, la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo de la ley actual realmente está contemplada en la ley del 85 mediante el supuesto de trastorno físico o psicológico de la embarazada. Por lo tanto, hay más postura que posición política para cambiar la ley. Sinceramente, que la vuelta a la ley de 1985 traerá más inseguridad para las mujeres, para las clínicas, y por consiguiente más miedo; más desigualdad, no todas tendrán acceso a una intervención de estas características y más demagogia, pues no habrá menos abortos con el cambio de ley. Si a todo esto le sumamos el informe encargado por la ministra Ana Mato para dispensar la píldora del día después con receta, nos damos cuenta de la mentalidad de este gobierno.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, propone la eliminación de una asignatura sin conocer el contenido que se da en la misma. Con la demagogia que pensábamos que no le caracterizaba, el ministro citaba literalmente textos de un ensayo, y no de un libro de texto, para definir la asignatura como adoctrinadora. O bien el ministro nos toma por tontos, o bien no sabe de qué trata la asignatura. En cualquiera de los dos casos, inaceptable e injustificable su decisión.
En definitiva, lo único bueno de todo esto, es que ahora ya no tendrás que estudiar historia con aburridos libros porque, con el PP en el gobierno, la podrás revivir como lo hicieron tus padres.
20/12/2011
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