La mejor forma de defender la Constitución, reformándola.

Gracias a la Constitución de 1978 han sido posibles la garantía de los derechos y libertades y la época de mayor estabilidad de la historia de nuestra patria.

A su vez, los fundamentos del Estado social, la participación democrática en la toma de decisiones, el desarrollo de una profunda descentralización política a partir del reconocimiento de la diversidad de nuestro país y, como consecuencia de todo ello, la convivencia social y el incremento del bienestar de los españoles y españolas, han sido hitos conseguidos por la Constitución de 1978.

La Constitución es sinónimo de impulso político, económico y social para nuestra sociedad, y hay que sentirse orgullosos de ella, pero la España de 2016 no es la de 1978. La de hoy es una España en la que la mitad de la población, entre quienes me incluyo, no participó en la aprobación de la Constitución y reclaman ahora su espacio.

La de 2016 es una España más moderna, más rica, decididamente descentralizada, integrada en la Unión Europea, inmersa en la globalización económica, afectada por unas tecnologías de la información y la comunicación que han cambiado la forma de entender el mundo y, también, la forma de hacer política y de gestionar los asuntos públicos.

Es una España constituida por millones de personas más plurales, más heterogéneas, más formadas, más participativas y más exigentes a la hora de reclamar el funcionamiento eficaz de sus instituciones y el respeto a sus derechos y libertades.

También es una España que, lamentablemente, sufre la mayor crisis institucional desde la instauración de la democracia. Una crisis alimentada por la respuesta de las políticas conservadoras a la crisis económica, lo que ha provocado un profundo malestar de la ciudadanía por el retroceso en sus derechos, el deterioro de los servicios públicos y el empobrecimiento de las clases trabajadoras.

Una crisis causada por las tensiones territoriales en las que, de una parte, se han enseñoreado el inmovilismo estéril y la incapacidad para el diálogo de algunos responsables institucionales y, de otra, los embates soberanistas al margen de la Constitución y la ley, que han venido a poner en cuestión la unidad de España, cerrando los ojos, en ambos casos, a la realidad y a las posibilidades de una reforma bien pactada con la necesaria profundidad democrática.

Una crisis generada por el escándalo y la desafección de la ciudadanía ante las instituciones democráticas por los impactantes casos de corrupción que han venido aflorando con profusión a lo largo de estos años.

Ante este panorama, es necesario emprender una reforma constitucional consensuada y bien medida para un nuevo largo periodo de convivencia, con el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial para las futuras generaciones de españoles y españolas.

El tiempo para la reforma constitucional ha llegado: para proteger y garantizar suficientemente el Estado del bienestar, en especial los derechos básicos de las personas; para fortalecer y ampliar los derechos fundamentales conforme a la evolución de los nuevos tiempos y revitalizar nuestro Estado de Derecho; para modernizar y mejorar la calidad democrática y de nuestras instituciones; para mejorar la estructura y el funcionamiento de nuestro modelo territorial en un sentido federal, fortaleciendo simultáneamente la unidad del Estado, el autogobierno de las Comunidades y el respeto e integración democrática de la diversidad de la España plural; para adecuar y reforzar nuestra articulación con la Unión Europea.

La Constitución de 1978 es, sin duda, una de las mejores Constituciones de nuestra historia, y la mejor forma de defenderla es actualizarla y adaptarla a la realidad mediante su reforma. Así se evitará el siempre peligroso riesgo de que norma y realidad no vayan acompasadas y se fortalecerá el pacto de todos los españoles y españolas con la norma fundamental que regula su convivencia.

Ello forjará un nuevo pacto ciudadano que habrá de desembocar en la actualización, mejora, revitalización y relegitimación de nuestra democracia y de nuestro modelo de Estado, dando respuestas a los nuevos retos y a las nuevas realidades.