La reparación histórica necesaria.

La exhumación de quien lideró una rebelión militar contra la República -y, por tanto, contra la legalidad, traicionándola-, provocó y dirigió una guerra que costó centenares de miles de muertos y acaudilló un régimen dictatorial y liberticida de corte fascista con miles de represaliados y víctimas era necesaria y urgente. Un criminal como Franco no puede estar enterrado junto a quienes fueron asesinados bajo su yugo.

Con esa premisa, el Gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez, llevó a cabo la exhumación del dictador y cumplió con las recomendaciones realizadas por la Comisión de Expertos de 2011, como del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la historia. A su vez, se repara un

La salida de Franco del Valle de los Caídos, se trata de un acto de justicia, ya que cada día que el dictador ha permanecido enterrado en un lugar de honor, en el mausoleo construido conforme a sus designios y financiado por toda la ciudadanía, incluidos los familiares de sus cientos de miles de víctimas, ha constituido una infamia y un insulto a la democracia.

Se trata de una victoria de la libertad y de la democracia y una reparación para una parte de la historia de España que se silenció, con la transición, con el objeto de mirar al futuro. No es mi intención juzgar a quienes tomaron esa decisión en un momento de complejidad absoluta. Pero hoy, cuarenta años después, nuestra democracia es madura y está lo suficientemente consolidada para seguir cerrando heridas. Solo la implicación de los actores políticos y sociales podrá permitir que se sigan dando pasos en la restauración de la memoria en España.

La modificación del Código Penal para instaurar penas por enaltecimiento del Franquismo y la Dictadura, la colaboración de la Justicia española para facilitar la extradición a Argentina de los acusados de crímenes de lesa humanidad, que investiga el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires, la reactivación de ayudas públicas para la exhumación de fosas comunes así como el reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, son cuestiones que deben ponerse sobre la mesa, una vez exhumado el dictador.