No hay dos sin tres.

No hay dos sin tres. Después de la reforma del sistema financiero y la brutal reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, se anuncia ahora la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Una reforma que ha pasado desapercibida, ya que estaba incluida en un paquete de medidas de muchísimo calado, entre las que se encuentran el hachazo a los funcionarios y la subida del IVA, pero que no por eso deja de tener su importancia.

En primer lugar hay que reconocer que el mapa actual de las Administraciones locales es muy complicado. Los Ayuntamientos llevan años soportando competencias que, en su desarrollo, corresponden a administraciones supramunicipales, llámense Cabildos o Diputaciones o Gobiernos Regionales.

Es cierto que los Ayuntamientos han tenido que hacer frente a determinados servicios sin ningún tipo de ficha financiera, lo que en la mayoría de los casos, no solo comprometen la estabilidad presupuestaria de las propias administraciones, sino que imposibilitan un desarrollo de programas plurianuales para dichos servicios puesto que nunca están garantizadas esas partidas económicas por parte de las instituciones supramunicipales.

Por tanto, ¿Es necesaria una reforma de la administración local? Por supuesto. Hay algunas medidas que es lógico que hay que ordenar, porque no puede ser que más de una administración desarrolle una competencia. Eso es un hecho fehaciente que lo único que hace es ralentizar el servicio que se presta al ciudadano.

Pero, ¿Cómo hacer esa reforma de la Ley de Bases de Régimen Local? Ahí está el problema. El Partido Popular va a aprobar un anteproyecto sin ningún tipo de consenso y dando un durísimo golpe a la autonomía municipal.

El PP plantea quitarles autonomía a los Ayuntamientos: El Gobierno de Rajoy propone que todos los ayuntamientos deberán cumplir unos mínimos de eficiencia para poder prestar los servicios, y aquellos que no cumplan y que tengan menos de 20.000 habitantes, traspasarán sus competencias al Cabildo. Los de tamaño mayor, podrán hacerlo voluntariamente.

¿Qué quiere decir esto? Que los Cabildos tendrán el poder de intervenir municipios y quitarles las competencias, convirtiendo a las administraciones locales en administradores de fincas urbanas, es decir, encargados de pagar la luz, el agua, los gastos de personal y poco más.

El PP fomentará la privatización y cierre de servicios con esta reforma: La propuesta de reforma incluye dos nuevas disposiciones transitorias, en las que se establece que los ayuntamientos tendrán que hacer una evaluación de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades. Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corporación local podrá privatizarlo.

El PP quiere acabar con las mancomunidades bajo el prisma de la reducción del gasto público. Las Mancomunidades gestionan el abastecimiento y saneamiento de agua, desarrollan talleres de empleo, programas de nuevos yacimientos de empleo, de ayuda a los autónomos, de inmigración y programas de desarrollo de la UE, a los que los Ayuntamientos por sí solos no podrían acogerse.

Las Mancomunidades viven de las aportaciones que realizan los Ayuntamientos asociados y reciben incentivos de los distintos programas que gestionan, por lo que os costes son mínimos y el ahorro del que habla el Gobierno para justificar esta medida es insignificante.

El PP pretende desmantelar la voz unida de las comarcas, ya que esta media atenta contra el derecho a la libre asociación de unos municipios cuyos gobiernos han sido elegidos directamente por los ciudadanos. ¿Se imaginan ustedes qué sería de la Comarca del Sureste sin la Mancomunidad?

Así pues, podemos asegurar que las medidas que se contemplan en esta reforma, no van por el buen camino. Son medidas que responden más a un modelo ideológico de corte centralista, que a una política clara de reducción de gastos.

La nueva Ley de Bases de Régimen Local debe ir encaminada hacia todo lo contrario. Se debe abordar una reforma «general» de la administración local y sobre todo de su financiación, que es lo que realmente preocupa a los ayuntamientos y sus gestores. No podemos olvidar que los ayuntamientos han sido los gobiernos mejor valorados en todas las encuestas y han contribuido a que la Democracia en España se enriquezca porque prestan los servicios esenciales que cubren las necesidades de los ciudadanos. Son, por tanto, la Administración más cercana, la primera puerta que las y los vecinos tocan para solventar sus problemas.

Por tanto, el objetivo debe ser reforzar aún más la figura del Ayuntamiento. No solo se deben conceder las competencias que vienen desarrollando hasta ahora y que son calificadas como “impropias”, sino que además deberían ampliarse y se debe garantizar, por ley, una ficha financiera que permita desarrollarlas con total garantía.

Además se debería fomentar el mayor y mejor desarrollo de las Mancomunidades, ya que el camino hacia una mejor gestión de lo público pasa precisamente por fomentar la cooperación voluntaria entre los municipios.

12/07/2012