Desde el año 2012, con los votos a favor del PP y de los extintos CiU y UPyD, se viene aplicando en nuestro país la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Dicha ley obliga a los Ayuntamientos, desde entonces, a no incurrir en déficit y a destinar los remanentes anuales a pagar las deudas bancarias o dejarlos guardar el sueño de los justos en alguna cuenta corriente.
Esta ley, de las más estrictas que se hayan aprobado, ha permitido que los Ayuntamientos de toda España hayan recaudado unos 30.000 millones de euros desde su puesta en funcionamiento.
Con liquidez suficiente, después de varios años de ahorro forzoso y en una situación de crisis inaudita como la actual, la lógica indicaría que los alcaldes pudieran disponer de parte de esos fondos, que encima les cuesta mantener.
Porque no hay que olvidar que, en este momento, los bancos penalizan con tipos de interés negativo a los clientes que tienen mucho dinero en depósitos, que es el caso de los Ayuntamientos.
Cada año las arcas municipales pagan 70 millones de euros a las entidades financieras por sus millonarios ahorros.
Pero la lógica del ahorro para poder hacer frente a imprevistos no se aplica a los ayuntamientos. La ley es muy estricta y no permite excepciones a los municipios.
Ante esta situación de bloqueo, y con los Ayuntamientos arrinconados ante el drama social y económicos provocados por la pandemia, el Gobierno de España se reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias para buscar una fórmula que permitiera destinar esos fondos a la reconstrucción económica del país.
De ahí salió una propuesta; Los ayuntamientos le prestan sus ahorros al Gobierno central. Solo con esto ya dejan de pagar los 70 millones de intereses de penalización en sus cuentas de ahorro.
A su vez, el Gobierno les devuelve ese dinero en diez o quince años, a un tipo de interés que ronda entre el uno y el dos por ciento. Además, se crea un nuevo fondo de 5.000 millones para los municipios que se acojan al plan y que no van a tener que devolver. 5.000 millones de euros para invertir en políticas sociales, creación de empleo, reactivación comercial y desarrollo sostenible, a razón de 2.000 millones para 2020 y 3.000 en 2021.
Ante esta propuesta, el PP, que lleva instalado en el bloqueo institucional desde que está en la oposición (ya lo ha demostrado con no querer renovar el Consejo General del Poder Judicial), en vez de ponerse de lado de los Ayuntamientos y los problemas de los vecinos, han hecho un llamamiento a la rebelión de todos sus alcaldes para impedir que se llevara a cabo esta propuesta.
Para salvar la extrema situación de cerco económico en el que se encuentran los Ayuntamientos, a pocas horas de la votación fallida, el Gobierno Central propuso repartir una parte de los fondos por proporción poblacional, y la respuesta del PP fue la misma: No.
Una postura totalmente irresponsable regida por el cortoplacismo político y el raquitismo ideario, y que ha provocado situaciones realmente esperpénticas.
Como el ejemplo del Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo alcalde erigido en portavoz de los alcaldes del PP, rechazó para su ciudad una inyección económica de 70 millones de euros para, posteriormente, pedir en un pleno que el Gobierno Central haga algo por los Ayuntamientos.
¿Y Ahora qué? ¿Es que ningún alcalde ni portavoz popular en la oposición se ha preguntado quién va a pagar el seguro de desempleo de sus vecinos?
¿Cómo se van a cuadrar las cuentas municipales por los gastos extraordinarios realizados por las corporaciones locales en materia sanitaria para proteger a los vecinos? o ¿Cómo se van a sostener a esos vecinos que están en los ERTES? Que se lo expliquen a los vecinos.
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