La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ha supuesto un elemento fundamental para la modernización de las administraciones y la adaptación de las mismas a las nuevas realidades políticas, sociales y económicas que vive nuestro país. Va más allá de un derecho de los ciudadanos a demandar determinada información pública o de un deber de publicidad activa de nuestras administraciones. Se trata de instrumento de fortalecimiento de la ciudadanía y, consecuentemente, de la democracia.