Estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo de nuestro derecho, de un derecho constitucionalmente recogido y mundialmente reconocido. Estamos observando impasibles y casi sin poder actuar como la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso está siendo el bastón de mando para privatizar y controlar el único arma con la que cuenta la ciudadanía para lograr lo que consideran justo.

La vía penal es la última ratio a la que hay que acudir para solucionar un conflicto. En derecho, el ámbito penal es la última herramienta. La defensa penal del bien jurídico protegido es la excepción a la regla general. Pero, lamentablemente, tras cada cambio de gobierno o incluso después de acontecimiento sociales indeseables se aboga por reformas penales como único método para solucionar un problema, en el fondo, de educación social y de valores.