La justicia ¿un derecho?.

Estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo de nuestro derecho, de un derecho constitucionalmente recogido y mundialmente reconocido. Estamos observando impasibles y casi sin poder actuar como la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso está siendo el bastón de mando para privatizar y controlar el único arma con la que cuenta la ciudadanía para lograr lo que consideran justo.Acudir a la justicia es, desde la aprobación de la “ley de tasas” en las Cortes con el respaldo de la derecha española, un privilegio en manos de unos pocos. La, en ocasiones denostada labor judicial, se está viendo pisoteada por el Ministro y compañero de profesión, D.Alberto Ruíz Gallardón.

El interlocutor de los jueces con el Gobierno considera una lucha “corporativista” e interesada la de los profesionales de la justicia. Ha llegado a afirmar que con la nueva ley de tasas se garantizará la “justicia gratuita”. Hasta el más sensato de los ciudadanos entiende que cuando me obligan a pagar 200 € para poder litigar por una multa de tráfico, la justicia ha dejado de ser gratuita.

¿Desatascar la justicia? Y tanto. Si no tengo dinero, no acudo a los tribunales. Si no acudo a los tribunales, los asuntos disminuyen. Si disminuyen los asuntos, Gallardón creerá que ha logrado su propósito. Entonces todo será una cadena: la no convocatoria de plazas para jueces y fiscales, después de tener una media de jueces menor que la de muchos países de Europa (si, esos a los que tanto quiere parecerse nuestro Gobierno, cuando le interesa), ahorrará dinero a los presupuestos. Pero…¿verdaderamente disminuye el número de asuntos o es que quizás habrá logrado Gallardón su intención de convertir a los ciudadanos en sumisos de un poder absoluto?

La justicia es el mejor arma para garantizar la democracia. Es la que permite a los ciudadanos rebelarse y luchar por sus derechos. Es la que muestra la disconformidad contra aquellos que pretenden imponer sus ideas. Es la forma de perseguir lo justo.

Quizás, y sólo quizás, todo el ámbito judicial no esté equivocado. Jueces, fiscales, Secretarios Judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia en general, se han unido por la defensa del artículo 24 de la Constitución Española, de la justicia como derecho. La tutela judicial efectiva se ha privatizado, convirtiéndola en un privilegio sólo accesible para algunos ciudadanos de nuestro país.

Una vez más, pensar diferente, llevar la contraria a los impuesto, no estar conforme con la que parece ser la idea suprema… es, hoy por hoy, un problema para el Gobierno. Un problema al que no podían hacer frente. Un problema al que decidieron solucionar arrancando de raíz la única y verdadera defensa para los ciudadanos. Hemos asistido a un funeral del derecho a la justicia, de nuestro derecho, del derecho de todos.

¿Debemos permanecer impasibles ante la instauración de un poder absoluto? ¿De verdad el Sr.Ministro sólo pretende desatascar la justicia? ¿O quizás quiere evitar la pluralidad de pensamientos y educar ciudadanos sumisos que no puedan defenderse? ¿Se lo vamos a permitir?

Noemí Navarro.

24/12/2012