Existe en la sociedad una percepción general de que la situación que estamos viviendo es provocada por la mala gestión que los gobiernos hacen de lo público. Que se gastó más de lo que se ingresó y que la crisis es consecuencia del excesivo peso de lo público en la economía, que sobran funcionarios, que hay derroche de dinero público, etc.
Hacer este tipo de afirmaciones con tal rotundidad es un error de gran calibre. La situación es muchísimo más compleja como para culpar de todo a la gestión del gobierno anterior. De hecho, si hacemos un análisis histórico, podemos observar como en el año 2007, justo antes del estallido de la crisis hipotecaria y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, la economía tenía un superávit del 4% del Producto Interior Bruto y el superávit de la Seguridad Social alcanzaba el 1,3% del PIB, según fuentes del Eurostat del año 2011.
Con estos datos en la mano, la pregunta es bien sencilla. ¿Qué ha pasado entonces para que estemos ahora así? Lo que ha ocurrido es que durante estos años de crisis económica, la deuda privada de las entidades financieras ha pasado a convertirse en deuda soberana de los estados. ¿Por qué?
Actualmente estamos viviendo la resaca de la burbuja inmobiliaria, durante la cual se construyeron entre 2002 y 2007 más viviendas que en Francia y Alemania juntas. Ese proceso permitió enormes ganancias al sector de la construcción y al inmobiliario. Pero en ese proceso no se utilizaba sólo dinero ahorrado sino también dinero prestado, así que durante todos esos años la economía española vio como el endeudamiento privado se disparaba. Empresas y hogares se endeudaban hasta límites insostenibles para comprar viviendas.
Cuando la burbuja explotó, producto a su vez del estallido de las hipotecas subprime. El flujo de crédito se cortó. Quienes podían comprar viviendas no lo hacían porque su precio estaba sobrevalorado, y los que querían no podían, porque no lograban acceder al mercado crediticio que se había cerrado. El mercado de la vivienda se desplomó y las constructoras en inmobiliarias cerraron sus puertas dejando a miles de trabajadores en la calle.
Esas personas que se habían quedado sin trabajo, no pudieron hacer frente a las hipotecas que se les había concedido durante la orgía especulativa inmobiliaria y perdieron sus casas. Todas esas viviendas, suelo y demás, pasaron a formar parte de los activos de bancos y cajas que habían prestado el dinero.
A su vez, bancos y cajas tenían deudas contraídas con los bancos extranjeros, y viviendas, suelo y otros activos no valían nada. Básicamente, en los balances contables, los bancos y cajas tenían activos por valor de “X” y su valor real era “X-Y”. La diferencia negativa es lo que se considera un activo tóxico. En realidad las entidades estaban descapitalizadas, y no reconocieron sus pérdidas o activos tóxicos, porque si lo hicieran tendrían que reconocer una quiebra técnica y el sistema se vendría abajo.
No podemos obviar, en este sentido, el papel fundamental que juega la banca en la economía, puesto que hace llegar el crédito a las empresas y familias para que puedan continuar invirtiendo y consumiendo, todo lo cual fomenta el crecimiento económico y permite entre otras cosas la creación de empleo. Con lo que una caída en bloque del sector bancario supone una quiebra del todo el sistema económico de un país.
Por tanto, el Estado tuvo que salir al rescate del sistema financiero para evitar un colapso del mismo. Inyectaron liquidez y aprobaron formas de ayuda para facilitar que bancos y cajas superaran sus problemas. Todo ello, con el dinero público que sale de las contribuciones de los ciudadanos con sus impuestos.
La inyección de liquidez tenía como objetivo garantizar que llegue el dinero a los bancos de una forma fácil y asequible, asumiendo que de otra forma, los bancos no obtendrían el dinero necesario a las condiciones adecuadas. Según la Comisión Europea, con datos del año 2011, la ayuda directa a la banca ha supuesto en torno al 8,4% del PIB. Con esta maniobra, en torno a 350.000 millones de euros se han transferido de lo público a lo privado. Ahí está la primera parte de la transformación de deuda privada en deuda pública.
Por otro lado, se crean diversas entidades estatales que, con dinero público, compran el stock de viviendas a los bancos por debajo de su valor contable pero por encima del valor de mercado, lo que supone un coste económico elevadísimo para las arcas públicas. El Banco acepta esas pérdidas que las transfiere directamente al Estado. Se vuelven a socializar las pérdidas y así se completa la transferencia de deuda privada a pública.
La maniobra de recapitalización provoca que los gastos sean superiores a los ingresos, y ello unido a una caída de los ingresos debido al parón económico en el sector privado, el déficit público se dispara. El Estado tiene que acudir a los mercados financieros para poder endeudarse y compensar así la diferencia.
Con un déficit público disparado, el Estado no puede hacer frente a los criterios de convergencia aprobados en el tratado de Maastricht de 1992, por el cual se establecen los requisitos que deben cumplir los estados pertenecientes a la Unión Europea para ser admitidos dentro de la Eurozona. Desde Bruselas, se imponen así criterios para lograr que se cumplan los acuerdos establecidos, sea vía aumento de ingresos o disminución del gasto. Y aquí entraríamos en otro debate. ¿En qué áreas hacer los recortes y a quién aumentarle los impuestos?
Por tanto, como conclusión, hay que dejar bien claro que el sector público es una víctima más de la crisis económica y no su responsable directo, y que detrás de los ataques constantes que se suceden diariamente hacia lo público, se esconde una ideología neoliberal que lo único que persigue es desacreditar su imagen para desguazarlo, porque nunca han creído en él.
21/09/2012
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