Todo empezó gracias a ella, a Clara Campoamor y a su sueño de vivir en una sociedad igualitaria, a su esfuerzo casi en solitario y a su propio sacrificio político.

La aprobación del voto femenino en 1931, y que cumple 90 años, fue un punto de inflexión en el camino hacia la igualdad jurídica entre hombres y mujeres iniciado durante la II República. Por aquel entonces, el Congreso de los Diputados no sólo aprobó una nueva Constitución, sino que modificó el ordenamiento jurídico con la participación, clave y fundamental, de Clara Campoamor.

En los meses previos a la aprobación del voto femenino, las Cortes Constituyentes modificaron la legislación ordinaria y cambiaron normativas jurídicas como la vinculada a los jurados populares, donde no podían participar las mujeres. Y en el ámbito laboral se logró que la mujer pudiera participar en las oposiciones a notario o a registrador de la propiedad.

La Carta Magna de la II República dio paso al sufragio universal, aunque no fue hasta el 19 de noviembre de 1933 cuando las mujeres españolas pudieron votar por primera vez en la historia. En posteriores legislaturas, las Cortes Generales modificaron el derecho de familia con la aprobación del matrimonio civil y del divorcio, y el derecho penal con la igualdad de penas por lo que en aquel entonces se denominaba «delitos pasionales» o por violencia dentro del matrimonio, ya que hasta ese momento se juzgaba de forma diferente a hombres y mujeres. A su vez, en el ámbito laboral se reconoció también el derecho femenino a sindicarse sin permiso marital.

Y todo empezó gracias a ella, a Clara Campoamor y a su sueño de vivir en una sociedad igualitaria, a su esfuerzo casi en solitario y a su propio sacrificio político. Sin su arrojo y coraje político, España no hubiera sido uno de los primeros países de Europa que concedió el voto a la mujer en 1931.

Desde entonces, y gracias a ese cambio, los progresos en materia de igualdad de género han sido innegables y, aunque todavía se reclaman muchos otros avances, ese fue el germen que facilitó que a día de hoy el Gobierno pueda contar incluso con más miembros femeninos que masculinos. Sin ese hito que reivindicó el posicionamiento de las mujeres en la sociedad, probablemente habría sido muy complicado que ahora, en 2021, el actual Ejecutivo estuviese compuesto por 13 ministras, o que se sentaran 152 mujeres en el Congreso y 103 en el Senado.

Todavía queda mucho por hacer en otros ámbitos de la vida social, política y laboral para romper “techos de cristal”. Las mujeres siguen estando en franca desigualdad en órganos superiores y altos cargos de la Administración del Estado, en cargos ejecutivos de muchos partidos políticos o en ciertos órganos constitucionales, como dejó bien claro Paula Gómez de la Bárcena, directora de la fundación Inspiring Girls, en la convención nacional del PP, mandando un recado a Pablo Casado al recordar que en dicho evento hay menos representantes femeninos que en cualquier Consejo de Administración del IBEX.

También destacan tareas pendientes en las labores de conciliación en las empresas, en la eliminación de los estereotipos de género o respecto a la brecha retributiva. Pero, a pesar de eso, lo que es innegable es que el hito conseguido en 1931, durante la II República, fue el pistoletazo de salida y la llamada de atención para una gran mayoría de mujeres y hombres que decidieron tomar las riendas y exigir igualdad de derechos.